El querellante, el tuitero Sr. Liberal, denuncia haber sufrido una campaña contra él en redes sociales
Dos juzgados de instrucción han iniciado diligencias previas de carácter penal contra el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias Turrión, Diario Red y varias personas y entidades relacionadas por su supuesta implicación en una red de acoso digital. Los hechos denunciados incluyen la revelación de datos personales, domicilios y detalles familiares de usuarios de redes sociales críticos con Podemos, motivados por animadversión ideológica. Según el auto judicial, se investigan posibles delitos de asociación ilícita, revelación de secretos, acoso (stalking digital) y delito de odio.
La decisión judicial se basa en una querella presentada por Jesús Santorio Lorenzo, conocido en redes sociales como Sr. Liberal, quien alega haber sido víctima de una campaña coordinada de hostigamiento. En el documento, fechado el 18 de julio de 2025, la magistrada acuerda la incoación de las diligencias previas tras valorar que los hechos relatados presentan indicios de infracción penal. El auto detalla que la denuncia se remonta a una publicación en Diario Red y otros canales, como el grupo de Telegram Red Birds, donde se habrían difundido datos privados del querellante y de terceros a través de múltiples enlaces web, redes sociales y agregadores de noticias.
Entre los querellados figuran, además de Iglesias y Diario Red, figuras como Isidoro Román Cuesta (administrador del canal de Telegram Red Birds), Julián Benito Macías Tovar, Óscar Aguilar Araujo, Alejandro Soler Capella, Daniel Medina Uceda, el canal de YouTube ShamelessP3csOfShit y la entidad Pandemia Digital.Net. La querella acusa a estos de formar parte de una estructura organizada para acosar a personas críticas contra ellos, revelando información sensible que podría vulnerar el artículo 197 del Código Penal (revelación de secretos), el 172 ter (acoso), el 510 (delito de odio) y el 515 (asociación ilícita).
En el razonamiento jurídico expuesto en el auto, la juez destaca que la denuncia incluye pruebas como capturas de publicaciones y referencias a un informe de la Guardia Civil fechado el 10 de abril de 2025, que ya alertaba sobre actividades similares en redes. Se menciona específicamente cómo estos actos se difundieron masivamente, afectando la privacidad y generando difamaciones. Una de las magistradas instructoras ha optado por inhibirse en favor de otro juzgado que ya estaba tramitando hechos similares, lo que resulta en la acumulación de las causas. Asimismo, se ha extendido una invitación a todas las personas afectadas para que se personen en la causa como perjudicados, abriendo así la posibilidad para que más víctimas del supuesto esquema de acoso digital presenten sus testimonios ante la justicia.
La apertura de estas diligencias no implica una imputación formal, sino el inicio de una fase investigadora en la que el juez evaluará si hay base suficiente para proceder a juicio.
