Más bien la pregunta sería por qué pareces aceptar que no existan en El Salvador.
Por ejemplo, en 2021 se descubrió un entramado de corrupción de 20 millones de $ en relación con contratos sanitarios para la pandemia, afectando a miembros del partido NI de Nayib Bukele. Y Nayib Bukele Líder Amado hizo lo lógico: destituyó al fiscal, cerró la unidad de investigación, dispersó y despidió a sus miembros y el caso lleva desde 2021 en vía muerta, ni cerrado ni abierto. Suerte que también seguiría el caso Catedral en 2022, solo que aquí varios fiscales tuvieron que huir del país. Y ya de paso, también en 2022 una investigación de EEUU sobre la mara MS-13 terminó en vía muerta cuando el gobierno de Nayib Bukele Líder Amado se negó a colaborar y, una vez más, desmanteló la unidad policial que llevaba esa pata de la investigación de corrupción entre las maras y miembros del partido de Bukele.
Y de propina, toma "separación de poderes":
P: ¿Qué modificaciones legales han erosionado la separación de poderes en El Salvador tras la declaración del estado de excepción en 2022?
Una IA escribió:Las modificaciones legales y decisiones institucionales adoptadas en El Salvador desde el inicio del estado de excepción en marzo de 2022 han sido señaladas por organismos internacionales como erosiones directas de la separación de poderes. Las fuentes disponibles describen un conjunto de reformas y prácticas que alteran el equilibrio entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A continuación tienes un análisis estructurado basado en la información documentada por organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Cambios legales que afectan al Poder Judicial
1) Reformas procesales que reducen el control judicial
La DPLF documenta que las reformas aprobadas junto al régimen de excepción debilitan el debido proceso, ampliando la detención administrativa y reduciendo la supervisión judicial efectiva sobre arrestos masivos.
Esto implica que jueces y tribunales pierden capacidad de controlar abusos del Ejecutivo.
2) Uso de tribunales especiales y audiencias masivas
Las reformas permiten audiencias colectivas con cientos de detenidos simultáneamente, lo que limita la capacidad del Poder Judicial para evaluar casos individualmente.
La CIDH señala que estas prácticas comprometen la independencia judicial y la revisión efectiva de detenciones.
Cambios que afectan al Poder Legislativo
3) Aprobación sistemática y sin debate de prórrogas del estado de excepción
La Asamblea Legislativa ha prorrogado el régimen más de treinta veces, según registros oficiales.
La CIDH observa que estas prórrogas se aprueban sin deliberación sustantiva, lo que convierte al Legislativo en un órgano que ratifica automáticamente decisiones del Ejecutivo, debilitando su función de contrapeso.
4) Concentración de poder en el Ejecutivo mediante legislación acelerada
El uso de procedimientos legislativos rápidos para aprobar reformas penales y procesales reduce la capacidad del Legislativo para ejercer control y análisis independiente.
Cambios que afectan al equilibrio institucional general
5) Suspensión prolongada de derechos constitucionales
La CIDH subraya que la suspensión continua de garantías —como el derecho a defensa, el límite de 72 horas de detención y la inviolabilidad de comunicaciones— altera el balance entre poderes al permitir que el Ejecutivo actúe sin controles judiciales efectivos.
6) Debilitamiento de mecanismos de supervisión y transparencia
El informe de la CIDH de 2024 indica que el régimen ha limitado el acceso a información pública y ha dificultado la supervisión independiente de detenciones y condiciones carcelarias, lo que reduce la capacidad de instituciones autónomas para fiscalizar al Ejecutivo.
Síntesis
Las reformas y prácticas asociadas al estado de excepción han producido:
Menor control judicial sobre detenciones y procesos.
Legislación acelerada que reduce el rol deliberativo del Parlamento.
Prórrogas automáticas que consolidan el poder del Ejecutivo.
Suspensión prolongada de garantías que elimina límites constitucionales al poder estatal.
Debilitamiento de la supervisión independiente.
Todo ello configura un escenario donde la separación de poderes queda erosionada de forma estructural, según organismos internacionales.
