
Dos años después de su aprobación, el

Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea comienza a aplicarse de manera

obligatoria este viernes. Diseñado para blindar las fronteras externas de los Veintisiete y acelerar los procesos de retorno, fue aceptado tras años de negociación y ha causado —y sigue causando— intensas disputas entre los

Estados miembros, además de generar dudas sobre si restringirá aún más los derechos de los migrantes.
Bruselas lo ve como una

"solución efectiva, justa y firme" al reto migratorio y defiende que la

UE tendrá ahora

"fronteras exteriores más fuertes". España ha dicho que lo aplicará "con un enfoque garantista y respetuoso" con los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, pero ha rechazado la creación de centros de retorno en

terceros países, una medida acordada a principios de mes que "complementa" al Pacto y cuya adopción definitiva está pendiente.