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el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una batería de preguntas al Gobierno de Pedro Sánchez en la que se refleja que los ataques contra la libertad religiosa en España han aumentado durante el último año un 25 %, y piden al Ejecutivo que relate qué medidas ha tomado para proteger los lugares de culto, como las iglesias. El escrito del PP –fechado este mes de diciembre y al que ha tenido acceso El Debate– señala que «la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18, reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, garantizando también la manifestación pública o privada».
«Del mismo modo, la Declaración de la ONU de 1981 sobre la Eliminación de la Intolerancia y la Discriminación por motivos de Religión o Convicciones reafirma el derecho a profesar una religión, practicar el culto y abrir espacios para hacerlo. A ello se suma el artículo 16 de la Constitución Española, que garantiza la libertad religiosa, ideológica y de culto, así como la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa, que desarrolla este precepto constitucional. Por todo ello, el Gobierno debe garantizar de forma efectiva la libertad de culto y de profesión religiosa. En este sentido, es preocupante que los datos evidencien que los fieles de distintas confesiones en España siguen encontrando serios obstáculos para poder ejercer el derecho de practicar su religión con normalidad», se añade.
El documento de la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo también indica que «el Informe sobre la Libertad Religiosa en España 2024, elaborado por el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, documenta un preocupante aumento de los ataques contra la libertad religiosa en nuestro país». Así pues, «según este estudio anual, durante 2024 se registraron 243 incidentes, lo que supone un incremento del 25 % respecto a los 195 casos contabilizados en 2023, consolidando una tendencia al alza que exige atención urgente desde las instituciones públicas».
El texto parlamentario relata que «el informe destaca especialmente el aumento de la violencia física, que se ha duplicado en tan solo un año, pasando de tres a seis casos, destacando por su extrema gravedad el ataque y posterior fallecimiento de un fraile franciscano en el Convento del Santo Espíritu en Gilet (Valencia) en noviembre de 2024, la segunda muerte violenta de un católico por su religión en dos años».
«Asimismo, se observa un incremento sostenido en los ataques a lugares de culto y símbolos religiosos, que crecieron un 12 %, con 46 incidentes registrados, así como un alarmante auge del laicismo beligerante, entendido como las acciones institucionales o sociales que buscan excluir violentamente la religión del ámbito público, con un aumento del 44 %, hasta alcanzar los 94 casos. El informe revela también que dos de cada tres ataques registrados en España tuvieron como objetivo a creyentes cristianos, con 168 agresiones (69 % del total), de las cuales 136 se dirigieron específicamente contra católicos. El antisemitismo experimentó igualmente un crecimiento significativo, con 29 casos (un 38 % más), lo que representa un alarmante aumento del 867 % desde 2022, mientras que los ataques a musulmanes pasaron de 7 a 11 en el último año», añaden los 'populares'.
No obstante, el partido que más diputados en las Cortes Generales afirma que «a pesar de lo preocupante de estas cifras, la opinión de los expertos es que se denuncian un porcentaje muy minoritario de los hechos delictivos que tienen como origen las creencias religiosas ya que la mayoría de ellos no llegan a conocimiento de las administraciones puesto que las víctimas prefieren no concentrar sobre ellas un mayor protagonismo». De hecho, resaltan que «todo ello exige una respuesta firme, coordinada y eficaz por parte del Gobierno, tanto en materia de protección y prevención, como en la defensa activa del derecho fundamental a la libertad religiosa y de conciencia».
En consecuencia, el PP pide al Ejecutivo que detalle «cuál es la evolución de los delitos vinculados a la libertad religiosa desde 2018 hasta la actualidad, según los informes gubernamentales», y «qué actuaciones concretas está llevando a cabo la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio para reducir la infradenuncia en los delitos de odio relacionados con la libertad religiosa».
«¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para proteger los lugares de culto y los símbolos religiosos? Ante el aumento del 867 % de los ataques contra la comunidad judía desde 2022, ¿qué políticas o programas está desarrollando el Gobierno para garantizar la protección de esta minoría religiosa? ¿Qué medidas está tomando el Gobierno para asegurar que los discursos de los representantes políticos no contribuyan a la radicalización ni fomenten ataques contra la libertad religiosa? ¿Cómo justifica el Gobierno la reciente propuesta de eliminar las ofensas a los sentimientos religiosos del Código Penal, considerando que 21 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea mantienen este tipo de protección y a la luz de este preocupante aumento del número de delitos?», preguntan también los 'populares'.
