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https://www.abc.es/economia/pensionista ... 07-nt.html

El pasado 4 de este mes se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 3/2026 con el que el Gobierno da solución al problema creado respecto a la revalorización de las pensiones con la derogación del Real Decreto-ley 16/2025 "ómnibus" aprobado en Diciembre del año pasado.

Según puede leerse en el Preámbulo de la nueva norma

"De acuerdo con la doctrina del Consejo de Estado la revalorización de las pensiones no es, como regla general, objeto de la prórroga presupuestaria prevista en el artículo 134.4 de la Constitución Española, por lo que, en tal situación, el Gobierno, si quiere proceder a la actualización de las pensiones públicas, debe acudir a la aprobación de un real decreto-ley al amparo del artículo 86 de la Constitución Española. Con este objetivo se aprobó el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social, norma que ante su no convalidación por el Congreso de los Diputados ha sido derogada con fecha 28 de enero de 2026".

La doctrina del Consejo de Estado a la que se hace referencia está contenida en unos dictámenes de los años 2016 y 2017 en los que, también en situación de prórroga presupuestaria, se dio conformidad a que el Gobierno de M. Rajoy procediese mediante real decreto para revalorizar las pensiones, es decir, que lo argumentado en el Real Decreto-ley promulgado es: "sí, pero no".

https://elgorgojorojo.wordpress.com/202 ... pensiones/

En todo caso, cabe hacer dos reflexiones:

a) Si el Gobierno hubiese optado por llevar adelante la revalorización de las pensiones mediante real decreto, ¿habría habido alguien que hubiera instado su nulidad?

b) Si hacemos el experimento mental de considerar que este nuevo real decreto-ley también se deroga (esto es una hipótesis sin probabilidad de ocurrir), ¿en qué situación quedaría el asunto de la revalorización?

Lo que quiero apuntar es que el Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón viene jugando, desde hace 3 años (los que llevan los presupuestos de 2023 prorrogados), con los jubilados para sus intereses electorales mediante artimañas jurídicas.

Así es. El PSOE mira la pirámide demográfica y la ve invertida. Es por eso que favorece irresponsablemente con sus políticas a los jubilados, para que estos sigan les sigan votando pensando únicamente en su pensión. El problema es que mientras favoreces a los jubilados, puteas a los que están trabajando. Especialmente a los jóvenes, que son el futuro de este país, porque los esquilmas a impuestos para favorecer a un sector de la población improductivo y mucho más numeroso. Y la cosa va a ir a peor, porque todavía no se han jubilado todo los baby-boomers.
Esta es la perversa política de incentivos que vivimos en este Régimen del 78. Por eso, yo abrí un hilo en Ideas y Poder, en el que reflexiono sobre si realmente es positivo para el país que la gente que vive del erario público (políticos, funcionarios, jubilados y dependientes) tengan derecho al voto. Encontrándome con furibundas críticas (Nowomowa y Séneca) que se basan en moralismos baratos y que apelan al número de personas que viven de ese sueldo público. Como si la cantidad justificara una injusticia, como que la gente que vive de lo público decida en qué se debe de gastar el dinero el Estado, mientras exprime a la clase productiva que sostiene este sistema deficitario.

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