España se ha convertido en el Disneylandia del aforamiento: 250.000 personas blindadas frente a los tribunales ordinarios. Mientras Francia apenas tiene 19 y en Italia solo hay uno, aquí se reparte el privilegio como si fueran caramelos.
Políticos, jueces, fiscales, policías y hasta miembros de la Familia Real disfrutan de esta protección. El aforamiento, que debería ser una excepción, se ha institucionalizado como norma. Es un escudo para la casta, una herramienta para evitar rendir cuentas.
Este sistema perpetúa la impunidad y socava la confianza en la justicia. Mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue desprotegido, enfrentando un sistema judicial que no le ofrece las mismas garantías. Es hora de desmontar este chiringuito y exigir igualdad ante la ley para todos.
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