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Al abogado y divulgador se le ha amenazado ahora con una fotografía de su propia casa. No es un hecho aislado, sino la última etapa de un hostigamiento sostenido contra su trabajo como creador de contenido, analista y jurista
Rubén Gisbert lleva años en el punto de mira. Abogado de formación, discípulo directo del jurista Antonio García-Trevijano, se ha convertido en uno de los divulgadores en español más seguidos sobre el conflicto de Ucrania, con reportajes propios desde el Donbás y un discurso que se aparta deliberadamente del relato oficial dominante en los grandes medios occidentales. Ese trabajo —de análisis, de reportaje sobre el terreno, de ejercicio de la abogacía en defensa de posiciones incómodas— le ha costado, año tras año, una campaña de desgaste que ya no se libra solo en el terreno de las ideas.
Tres frentes, un mismo perfil incómodo
Conviene entender que la hostilidad hacia Gisbert no nace de un único foco, sino de la confluencia de tres facetas que, juntas, lo convierten en un blanco especialmente persistente.
La primera es su análisis geopolítico sobre Irán y Oriente Medio. Gisbert ha cuestionado de forma sostenida el relato bélico dominante sobre los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, calificando en 2026 el conflicto de reflejo de “un modelo económico anacrónico y caduco” por parte de Washington —unas declaraciones por las que recibió el primer premio internacional de periodismo del Club de Periodistas de México—, y ha señalado en repetidas ocasiones lo que considera contradicciones en la cobertura occidental del enfrentamiento. Es exactamente el mismo tipo de análisis crítico con la narrativa oficial que le ha costado el cierre de canales a Refoyo y Kusturica.
La segunda es su papel como abogado en la causa de la dana de Valencia, donde representa a varias familias de víctimas a través de la asociación “Sols el poble salva al poble”. Gisbert presentó una querella contra la jueza instructora del caso, Nuria Ruiz Tobarra, y contra su marido, también magistrado, por presuntas irregularidades en la instrucción —una querella que la Fiscalía terminó rechazando, aunque basada en grabaciones y testimonios de víctimas que él mismo aportó—. Ese ejercicio de la abogacía en un caso políticamente sensible le ha valido que algunos medios lo despachen directamente como “youtuber conspiranoico”, una etiqueta que sustituye el debate sobre los hechos que denuncia por el descrédito de quien los denuncia.
La tercera es su propuesta política de fondo: la “democracia formal”, heredada de García-Trevijano, que sostiene que España no es una verdadera democracia sino una “partidocracia” en la que los diputados obedecen a sus partidos y no a sus electores, y que propone sustituir el sistema proporcional de listas por la elección directa de representantes individuales, junto con la separación real de poderes. Es una propuesta que cuestiona de raíz el statu quo del régimen de partidos español —y que, como toda propuesta rupturista, genera tanto adhesión entusiasta como un rechazo frontal por parte de quienes se benefician del sistema tal como está.
Ninguna de estas tres facetas, por separado, explicaría por sí sola el nivel de hostigamiento que ha recibido Gisbert. Juntas, dibujan el perfil de alguien que incomoda simultáneamente a la narrativa bélica oficial sobre Oriente Medio, al poder judicial y político valenciano señalado en la gestión de la dana, y al propio sistema de partidos español. No es casualidad que sea precisamente esta combinación la que ha terminado derivando en el episodio más grave de todos: una amenaza con la imagen de su propia casa.
De la etiqueta de “rusófilo” a la amenaza con su domicilio
Durante mucho tiempo, la respuesta a Gisbert se limitó al terreno del descrédito: el sambenito de “rusófilo oficial de España”, las acusaciones de “blanquear un Estado asesino” por explicar la posición rusa en el conflicto sin necesariamente justificarla, la insinuación constante de que trabaja para intereses extranjeros. Es la forma más habitual de intentar desactivar a un analista incómodo: no rebatir sus argumentos, sino cuestionar su honestidad o sus lealtades.
Esta semana, sin embargo, el hostigamiento ha cruzado una línea mucho más grave. Una cuenta de X creada este mismo mes de agosto, con un solo seguidor y ubicada supuestamente en Afganistán, publicó una fotografía aérea de la vivienda que Gisbert está reformando —cuya dirección, según él mismo ha explicado, no es pública ni figura registrada en ningún organismo— acompañada del mensaje: “Parece que no va a terminar de reformar su casa”. La cuenta se identifica como perteneciente a “Gonjeshke Darande” (Gorrión Depredador), nombre de un colectivo de hackers vinculado presuntamente a Israel que desde 2021 ha reivindicado ciberataques contra infraestructuras críticas iraníes.
Aquí conviene ser precisos: la afiliación de esa cuenta concreta con el grupo real de hackers no está verificada por nadie más que por su propia autoproclamación, y el patrón histórico de Gonjeshke Darande ha sido atacar infraestructuras iraníes, no amenazar a comentaristas españoles. Pero precisamente por eso el episodio es tan inquietante: da igual si detrás hay una organización estatal, un imitador oportunista o un particular con ganas de intimidar. El mensaje ha cumplido su función: sembrar miedo mediante la exhibición de dónde vive la víctima, algo que en cualquier país serio tendría la consideración de amenaza y debería ser investigado como tal por las autoridades, no dejado en manos de la viralidad de una captura de pantalla.
No es la primera vez que alguien intenta silenciarlo
El caso de Gisbert no ocurre en el vacío. En la misma semana, YouTube ha cerrado sin previo aviso los canales de dos figuras próximas a su mismo espacio de análisis: el del cineasta serbio Emir Kusturica, con 30.000 suscriptores y 243 vídeos producidos junto al servicio en serbio de Sputnik, y el del analista Enrique Refoyo, alegando la subida de música de los hutíes yemeníes. Ninguno de los dos recibió el proceso de avisos previos que la propia plataforma dice aplicar a todo el mundo por igual.
Ambos casos comparten con el de Gisbert un mismo patrón de fondo: no se rebate el argumento, se elimina al mensajero. Y como ya defendimos en su día en este mismo medio a propósito del hostigamiento sufrido por el coronel Pedro Baños —compañero habitual de Gisbert en entrevistas y espacios de análisis, y sometido también él a presiones dentro de su propio entorno profesional por sus posiciones sobre la OTAN—, este periódico considera que la respuesta legítima a un análisis con el que se discrepa es el debate, no la exclusión ni la sospecha.
Lo que está en juego
Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las posiciones de Gisbert sobre la guerra de Ucrania. Lo que no debería tener cabida en una democracia es que la respuesta a esas posiciones sea la publicación de la dirección de su vivienda, acompañada de un mensaje que cualquier persona razonable interpretaría como una amenaza contra su integridad física. Cuando disentir de la narrativa dominante sobre un conflicto internacional empieza a tener como respuesta ese tipo de intimidación, lo que está en juego ya no es quién tiene razón sobre Ucrania. Es si en España sigue siendo posible ejercer el periodismo, la divulgación o la abogacía desde una posición incómoda sin poner en riesgo la propia seguridad.