En España, morirse sale caro. Pero no por el entierro, sino porque Hacienda te espera con la mano abierta antes de que enfríe el cadáver. El impuesto de sucesiones es la enésima herramienta de expolio institucional, diseñada para castigar a quien ha trabajado toda su vida, ha ahorrado, ha levantado un patrimonio y pretende dejárselo a sus hijos sin pasar otra vez por la caja del Estado. ¿En serio hay que pagar por heredar lo que ya pagó IRPF, IVA, IBI y demás siglas del saqueo? ¿Qué lógica tiene eso? Ninguna. Bueno, sí: recaudar más para mantener un sistema ineficiente, endeudado, hiperpolitizado y clientelar, donde las autonomías se dan el lujo de arruinarte según el código postal.
Este impuesto no es redistributivo, es confiscatorio. No equilibra nada. Perpetúa la desigualdad entre los que pueden pagar abogados para montar fundaciones y los que tienen que vender la casa del abuelo para abonar el impuesto. Mientras, los grandes patrimonios eluden y el común de los mortales liquida y pierde. Todo muy justo. Como siempre, lo llaman justicia social y es puro robo legalizado. Los mismos que lo defienden son los que heredan cargos, escaños y subvenciones, no pisos de 90 metros.
¿Es un impuesto justo? No. ¿Es necesario? Menos. ¿Es un robo? Sí, pero con firma oficial.
