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«La pregunta no es por qué ocurrió el accidente de Adamuz. La pregunta es cuántos más tienen que ocurrir para que dejemos de fingir que todo funciona»
Aún no sabemos qué ocurrió exactamente el pasado domingo en Adamuz. Como otras veces, habrá informes, comisiones de expertos e investigaciones cuyas conclusiones tardarán demasiados meses en llegar. Lo cierto es que ya sabemos algo mucho más importante: esto no es un hecho aislado. Es el síntoma de una enfermedad mucho más grave que lleva tiempo extendiéndose por toda España. Porque mientras los expertos llevan tiempo alertando de temblores, de vibraciones, de infraestructuras que pedían auxilio, el ministro Óscar Puente se reía de los ciudadanos que lo denunciaban. El tren en España vive su mejor momento, decía. Al fin, hoy, ADIF anuncia una bajada generalizada de velocidades en la LAV Madrid-Barcelona. Así, sin ningún rubor. Como si no fuera una admisión implícita de que se ha estado jugando con la vida de los ciudadanos durante años.
Solo esto, solo ese reconocimiento tardío y cínico, bastaría para exigir una dimisión inmediata. Porque no estamos hablando de un error puntual, sino de una inaceptable soberbia institucional. De ese desprecio jactancioso que durante demasiado tiempo se ha permitido este Gobierno a sabiendas de que, pase lo que pase, nada pasa nunca. Si la responsabilidad de una desgracia pesa sobre sus espaldas, denunciarlo se convierte automáticamente en politización del dolor. Y mientras el ministro se burlaba, se ha vivido —y nunca mejor dicho— a todo tren cuando las infraestructuras se deterioraban cada día un poco más. Ahora que la realidad nos golpea tan bruscamente como golpeó a aquellos pasajeros que viajaban con tranquilidad y confianza de vuelta a casa o al trabajo, vemos con claridad que vivimos en el espejismo de un país que ya fue.
Puede que a alguien le suene exagerado este diagnóstico. Pero el problema es que ya son demasiados los mitos que se han ido derrumbando como castillos de naipes. Durante años nos repitieron que el sistema sanitario español era poco menos que el mejor del mundo. Bastó una pandemia para descubrir hospitales desbordados, profesionales exhaustos y una improvisación que rozaba lo criminal. Nos aseguraron que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban preparadas para cualquier escenario, y tardaron días en llegar al corazón de la Dana. Un apagón a gran escala no era posible en un país como España, hasta que lo fue. Y ahora, con el desastre en la Alta Velocidad española que otrora fue vanguardia mundial, podemos confirmar que la decadencia se extiende también a nuestro sistema ferroviario. La pregunta, en realidad, es cuál será el próximo servicio que hoy damos por garantizado en fallar.
Y honestamente ¿de verdad alguien se sorprende? Cuando un país vive instalado en el relato, la realidad siempre acaba pasando factura. Si España va como un cohete, somos el Challenger. El motivo es evidente, aunque se intente disimular: la falta de inversión durante décadas. Sí, la crisis tuvo mucho que ver. Sí, probablemente una parte del dinero se ha perdido en la corrupción. Y sí, algo tendrá que ver que en las empresas públicas se haya colocado a porteros de discotecas y prostitutas en lugar de expertos. Pero el problema de fondo ha sido y es la actitud de una clase política —de ambos colores, dicho sea— que ha preferido apostar por el «pan para hoy y hambre pa’ mañana» gastando en lo que da votos antes que en lo que hace que un país funcione.
Se ha apostado por la foto y no por la estructura. La red de alta velocidad seguía ampliándose por puro electoralismo mientras la inversión en mantenimiento caía en picado. Se construían líneas deficitarias para cortar cintas mientras el Cercanías y las líneas convencionales, que son las verdaderas arterias de la cohesión territorial, se abandonaban a su suerte. Esto al tiempo que las pocas inversiones que se recibían acababan casi siempre haciéndose en los mismos sitios como respuesta al chantaje permanente de los nacionalistas. Y tal vez no era incompatible hacer todo a la vez. Tal vez se podría haber invertido en nuevas líneas de alta velocidad y, en paralelo, haberse mantenido como debía lo que ya existía. Se podría haber ampliado el Cercanías en Málaga, Valencia o Madrid a la par que en Barcelona. Pero para eso hacía falta algo que escasea en la clase política española: responsabilidad. Una mínima visión de futuro y sentido de Estado.
La mayor irresponsabilidad de todas ha sido recortar en términos globales y relativos en infraestructuras, vivienda, defensa o educación —esas inversiones aburridas, abstractas, que no dan de comer a todos— para engordar el gasto en aquello que aseguraba réditos electorales inmediatos. En ese dinerito caliente que llega todos los meses y compra paz social a corto plazo. Véase: pensiones desorbitadas, subsidios mal diseñados y transferencias sin contraprestación productiva. No es cuestión de demonizar las pensiones ni de acabar con la protección social, sino que se trata de señalar algo tan obvio desde la óptica económica y tan poco atractiva desde la política como que la redistribución sin crecimiento no genera prosperidad, sino estancamiento. Y el estancamiento, cuando se prolonga demasiado, se transforma en decadencia.
España no crece porque no se invierte. No se innova porque el talento se va. Y ya ni siquiera se mantiene lo que hay porque no importa el largo plazo. Nos hemos convertido en un país que canibaliza su propio capital económico y humano para mantener a pleno rendimiento la maquinita de la supuesta justicia social. Pero no hay nada más injusto que hipotecar el futuro para comprar el presente. Infraestructuras obsoletas, servicios públicos tensionados, productividad estancada y una economía que sobrevive gracias al turismo y al gasto público… Las consecuencias son cada día más visibles y lo serán más conforme el envejecimiento poblacional agrave más y más la situación. Un modelo frágil, vulnerable, incapaz de resistir una crisis seria como la de 2008 sin que esta vez todo acabe en fallo multiorgánico.
Ningún gobierno podrá cambiar esto si no asume la incómoda verdad de que no se puede gobernar solo pensando en las próximas elecciones. No se puede seguir vendiendo humo mientras los raíles se parten bajo el peso de los trenes. No se puede seguir culpando a la herencia recibida cuando el problema es estructural y, desgraciadamente, compartido. La pregunta no es por qué ocurrió el accidente de Adamuz. La pregunta es cuántos más tienen que ocurrir para que dejemos de fingir que todo funciona. ¿Qué más tiene que pasar para que nos demos cuenta de que no podemos seguir así? ¿Que son necesarias reformas estructurales en materia de pensiones, empleo, fiscalidad, financiación autonómica…? España no necesita más promesas vacías, necesita decisiones valientes. Aunque no den votos. Aunque no queden bien para la foto. Aunque obliguen, por una vez, a pensar en algo más que en el próximo mes, la próxima elección, el próximo voto.
